Fiscalías Anticorrupción en Resistencia y Sáenz Peña: se debatirá en la Legislatura su creación en la provincia
Luego de la creación de Fiscalías Antidrogas en la segunda circunscripción, ahora desde el Poder Legislativo se impulsa una iniciativa para que por primera vez el Ministerio Público Fiscal de la provincia tenga bajo su órbita fiscalías especializadas en anticorrupción.
A la Cámara de Diputados de la provincia ingresó un proyecto de ley que propone la creación de Fiscalías de Investigaciones Anticorrupción (FIA) para la Primera y Segunda Circunscripción judicial con el objeto de investigar todo tipo de acto realizado por un funcionario público o por un agente dependiente de la administración pública en beneficio propio o de terceros, que importe el menoscabo de un bien público.
La iniciativa 1686/23 fue presentada por legisladora Andrea Silvina Canteros Reiser (UCR) y pretende que dichas fiscalías funcionen en Resistencia y Sáenz Peña. En dichos ámbitos de la justica, los Fiscales del Ministerio Público, titulares de las Fiscalías Anticorrupción con competencia exclusiva y excluyente, investigarán y acusarán hechos de corrupción y otros delitos contra la administración pública, prevista en la Constitución Provincial y el Código Penal.
En cuanto al funcionamiento de los órganos, el artículo 5 del proyecto de Ley establece que los Fiscales Anticorrupción tienen jerarquía de Procurador Adjunto con todos sus efectos. Las Fiscalías están integrada por dos Fiscales Adjuntos con jerarquía de Fiscal Coordinador a todos los efectos, los demás auxiliares del Ministerio Público y un equipo técnico interdisciplinario de peritos y expertos que determinen los Fiscales Anticorrupción, el que deberá contar con un mínimo de dos contadores públicos.
Los aspirantes ingresarán por un concurso de antecedente y oposición y serán inamovibles en su cargo mientras dure su buena conducta.
Otro de los puntos clave del proyecto está expresado en el artículo 8, vinculado a la partida presupuestaria con la que deberá contar la FIA. «El Procurador General de la Provincia remitirá en el Proyecto General de Gastos que eleve anualmente una partida especial, dentro de la partida presupuestaria del Ministerio Público Fiscal, destinada a la investigación de los hechos de corrupción y otros delitos contra la administración pública. Dicha partida será elevada a propuesta de los Fiscales Anticorrupción conforme los gastos operativos y de funcionamiento de la Fiscalía a su cargo», se detalla.
Las facultades de los fiscales comprende la promoción de actuación de la justicia frente a hechos de corrupción y otros delitos contra la administración pública, la actuación por denuncia o de oficio ante la noticia y/o sospecha de la comisión de un delito cometido por un funcionario y/o un agente dependiente de la administración pública provincial y la investigación en casos de sospechas razonablemente fundadas, la irregularidad de aportes que el Estado Provincial realice, a través de cualquier de sus dependencias, a toda institución o asociación y que tenga esos aportes como su principal fuente de ingresos, entre otros deberes.
«El combate contra la corrupción fortalece las instituciones democráticas, evita distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral social», fundamentó la legisladora quien definió a la corrupción, en su iniciativa, como «todo acto realizado por un funcionario público o por un agente dependiente de la administración pública provincial, en beneficio propio o de terceros, que importe el menoscabo de un bien público».
«La corrupción es un fenómeno que afecta a la sociedad toda. Es un flagelo moral, económico e institucional y un compromiso de quienes detentamos cargos públicos de combatirla. Entiendo necesario poner en la agenda pública este debate», concluyó.
