El Senado echo a la chaqueña Corregido: su mandato había terminado en 2013 y seguía cobrando la categoría más alta

Elena Corregido oriunda de Sáenz Peña y quién asumiera el cargo de senador nacional por renuncia de Jorge Capitanich quien había resultado electo Gobernador del Chaco en el periodo 2007/2011.

La profesora llegó al Congreso sin ningún antecedente político, ni partidario alguno y luego se hizo «famosa» en el mundo político nacional por aquel voto en contra de la resolución 125 que impulsaba el gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner para las famosas retenciones móviles al sector agropecuario.

En el tradicional punteo que personalmente lo hacia junto a los gobernadores desde el Pj Nestor Kirchner, notaron un voto que extrañamente se mostraba reticente a dar el apoyo a la medida planteada desde el ejecutivo nacional, ese voto era un voto que le daba al Pj y al gobierno tranquilidad, ese escaño era chaqueño, y se trataba de Elena Corregido, quien sin ninguna experiencia de gestión legislativa apago los teléfonos y hasta se negó a hablar con su referente político provincial que era Capitanich, luego, tomo una decisión a contrario de la mayoría del bloque oficial que llamo poderosamente la atención de los dirigentes que le habían dado la oportunidad de ocupar un espacio en las listas nacionales del PJ, mucho se hablo de ese voto, inclusive los constantes visitas al despacho de senadores de miembros de Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria Argentina y Coninagro, esto hizo desconfiar que no solo había un voto ¨no positivo¨, sino una traición a la confianza , despertando en esa época grandes sospechas de posibles sobres de las multinacionales involucradas para con algunos legisladores.

Esta deslealtad  de Elena Corregido, quien terminó su mandato de seis años en el Senado. Si bien después hizo «buena letra» como que nada pasara

y hasta se acercó a un duro del kirchnerismo como Aníbal Fernández e incluso un poco al cuestionado vicepresidente Amado Boudou y hasta el mismísimo Guillermo Moreno, nadie le perdonó aquella «deslealtad» y claro… nadie le ofreció tampoco renovar su banca ni mucho menos volver a la provincia a encabezar o integrar una lista electiva por el peronismo. De o que si es cierto de esa banca le quedo un sinnúmero de prerrogativas que se le termino en esta gestion.

Según una resolución administrativa de la Cámara que comanda la vicepresidenta, Victoria Villarruel, Corregido dejó su banca de legisladora y “fue contratada en la planta política del organismo hasta el 10 de diciembre de 2015, para luego ser designada en la planta temporaria a las órdenes de la senadora -y sanjuanina Marina- Riofrío”. Corregido cobraba del senado aproximadamente $2.500.000.- por todos los conceptos legales.

En el texto en cuestión además se aseguró que si bien la ley del empleado legislativo -24.600- prevé la baja del personal temporario a la terminación del mandato de quien haya propuesto su designación -en este caso, la hoy ex senadora Riofrío-, Corregido “fue afectada a la Prosecretaría Administrativa” por una disposición de Recursos Humanos en 2018 y que, durante el corriente año, prestó servicios en la comisión de Coparticipación Federal de Impuestos.

La chaqueña fue intimada el 27 de junio pasado, por 30 días, para que iniciara su trámite jubilatorio, algo que suelen olvidar muchas personas. Ante esta situación, Corregido presentó una renuncia condicionada. A partir de aquí es donde ingresan las peripecias legales más finas, pudo averiguar la postura -fundamentada- de las actuales autoridades jurídicas y de Recursos Humanos del Senado, que apuntaron a lo siguiente: la ex legisladora presentó la certificación de servicios en su distrito, aunque no lo hizo -siempre, según documentación oficial- con la constancia de turno de la ANSeS que se suele requerir para iniciar estos expedientes.

Otro punto importante considerado por la Cámara alta es que la ley 24.600 define los conceptos de planta permanente y temporaria. En esa línea, remarca que el primer grupo goza de los derechos a la estabilidad en el empleo y el progreso en la carrera administrativa y no así el segundo lote, que son contratados -en un escenario ideal- para cumplir funciones a las órdenes de un legislador nacional, un bloque partidario o funciones de asesoramiento político en una comisión.

Después de la enumeración de argumentos, las autoridades del Senado concluyeron que Corregido no cumplió los 10 años de servicio y, por ende, no sólo no le correspondía percibir el pago por servicios cumplidos estipulado en la Resolución Conjunta 11/12, sino también la baja como agente. Es lo que dejaron en claro los artículos 1 y 2 de la resolución administrativa 1070/24, del último 9 de octubre.

A fin del mes pasado, Villarruel mantuvo una reunión clave con los principales sindicatos del Congreso, ante un combo de decretos que derivó en 56 despidos en la Cámara alta. Tras la cumbre, que desde ambos sectores calificaron de “buena y cordial”, quedó la promesa de revisar algún caso con diferencias de interpretación, según la visión oficialista o gremial.

Las resoluciones de Villarruel se dieron en función de las conclusiones de la Comisión de Análisis de Dotación (CAD) de la Cámara alta, creada en mayo del corriente año y que los sindicatos no quisieron integrar, ni siquiera, de manera informal. Desde el aterrizaje de la nueva conducción al Senado, ya son más de 400 las personas que cesaron en sus funciones.

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