La Cámara de Diputados de Brasil aprobó este martes un impuesto mínimo del 15% sobre los beneficios de las multinacionales, en línea con la propuesta global impulsada por la OCDE, y el proyecto ahora tendrá que ser discutido en el Senado.
La medida, apoyada por el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afectará a las empresas que facturen más de 750 millones de euros al año en por lo menos dos de los cuatro últimos años fiscales y que en la actualidad paguen menos del 15%.
“Varias naciones ya adoptaron o están en proceso de adoptar reglas semejantes, lo que refuerza la importancia de la adhesión de Brasil a ese movimiento global”, afirmó durante el debate el responsable del proyecto de ley, el diputado Joaquim Passarinho.
Según los cálculos del Ministerio de Hacienda, 957 grupos empresariales instalados en el país serán alcanzados por el nuevo impuesto, con el que se espera recaudar 3.400 millones de reales en 2026 (unos 550 millones de dólares al cambio de hoy) y otros 7.300 millones en 2027 en un incremento gradual.
Aunque la mayoría de las empresas en Brasil tiene una carga tributaria superior al 20%, hay una minoría que paga mucho menos debido a incentivos fiscales y desgravaciones, de acuerdo con Hacienda.
El acuerdo impulsado por la OCDE y firmado ya por 140 países, fue anunciado en 2021 con el objetivo de combatir la evasión fiscal y complicar las estrategias de las multinacionales para sortear legislaciones nacionales.
Más allá del tributo a las grandes empresas, el Gobierno de Lula ha colocado sobre la mesa la necesidad de establecer también un impuesto mínimo global para los multimillonarios, aunque ese proyecto por ahora no ha salido del papel.
Una reforma fiscal que simplifica tributos
En otro orden, los diputados también aprobaron el principal reglamento de una reforma constitucional en materia fiscal que ya fue promulgada hace un año y que busca simplificar el complejo entramado tributario del país.
El texto, aprobado por amplia mayoría, ahora tiene que ser sancionado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cuyo Gobierno ha impulsado la reforma para fomentar el crecimiento económico.
La norma regula tres nuevos impuestos sobre el consumo de carácter federal, regional y municipal, creados para sustituir los cinco tributos actuales, y establece una tasa de referencia de 26,5%.
Uno de ellos es el llamado Impuesto Selectivo, que tiene por objeto gravar más altos productos considerados perjudiciales para la salud como el alcohol y las bebidas azucaradas, que los diputados decidieron incluir después de que el Senado las hubiese retirado.
Las armas de fuego no fueron incluidas en la lista de mercancías perjudiciales ante la presión de la ultraderecha bolsonarista.
Por otra parte, estarán completamente exentos de impuestos sobre el consumo ciertos medicamentos y otros productos considerados básicos para las familias como la carne, un reclamo del poderoso sector agropecuario.
El ministro de Comunicación del Gobierno, Paulo Pimenta, celebró la votación “histórica”, celebrada después de más de 30 años de discusiones.
“Brasil tendrá un sistema tributario eficiente que va a ayudar al crecimiento de nuestra industria y facilitar la llegada de inversiones al país”, señaló Pimenta en redes sociales.
La medida, que obtuvo el respaldo de la izquierda y del centro, fue criticada por una parte de la ultraderecha debido a un nivel de carga tributaria que consideran excesivo.
Infobae
