De hecho, desde mediados del mes pasado, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, su sigla en inglés) comenzó a hacer planes para llevar a cabo la idea del presidente estadounidense, en medio de su avance sobre la libertad de expresión, el activismo político y la financiación federal de las universidades.
Harvard se convirtió de pronto en uno de los principales rivales de la administración Trump, después de que el Grupo de Trabajo Conjunto de la Casa Blanca para Combatir el Antisemitismo anunciara el mes pasado la congelación de más de US$2.000 millones de dólares en su financiación federal para investigación, debido a las masivas protestas en los campus estadounidenses contra la guerra en Gaza.
El gobierno republicano también amenazó con revocar la capacidad de la universidad para albergar a estudiantes internacionales si no se somete a una larga lista de demandas, que incluye eliminar sus programas de diversidad, equidad e inclusión, prohibir las máscaras en las protestas del campus, y promulgar cambios de contratación y admisión basados en el mérito.
También se les exige entregar los registros disciplinarios de los estudiantes extranjeros y reducir el poder de los profesores y administradores que están «más comprometidos con el activismo que con las becas», según el gobierno.
En respuesta a la amenaza de Trump, el presidente de la Universidad de Harvard, Alan Garber, dijo en entrevista con The Wall Street Journal que la exención de impuestos sería “altamente ilegal” y “destructiva” para la universidad.
Declaró que sería «sumamente ilegal a menos que exista algún razonamiento desconocido que justifique esta drástica medida», añadiendo que la amenaza “sugiere que los desacuerdos políticos podrían usarse como base para plantear lo que podría ser una amenaza existencial para muchas instituciones educativas”.
