Reino Unido: «escalofriante» intento del gobierno para restringir el derecho a la protesta
Según el proyecto puesto en discusión, las autoridades podrán invocar los derechos de los automovilistas o de los propietarios de negocios para restringir o impedir las protestas.
Aquellos que incumplan las condiciones podrían ser multados con hasta 2.500 libras esterlinas (u$s 3.200) y encarcelados hasta por 51 semanas si organizaron la manifestación o asamblea, incluso si no conocían las nuevas reglas.
La diputada del partido verde Jenny Jones está liderando una campaña contra los cambios, y los demócratas liberales se han unido para respaldar un «movimiento fatal» para acabar con el cambio. Por su lado, el Partido Laborista dijo que no votará en contra, sino que presentará su propia moción para que se retire el proyecto, medida que no tendrá poder formal para obligar al gobierno a detener sus planes.
La ong Amigos de la Tierra encargó al especialista en derechos civiles Adam Wagner que diera su opinión experta sobre la medida en que los cambios propuestos reducirían la posibilidad de ejercer la protesta.
Según Wagner, «el umbral sería tan bajo que podría llevar a la policía a imponer condiciones que violarían los derechos de los manifestantes». Agregó que tendría un «efecto escalofriante» para cualquiera que quiera asistir a una protesta.
El destacado constitucionalista argumentó que una gran variedad de actos de protesta, incluidas las marchas a las que asisten cientos o miles de personas, en las que se cierran las carreteras para que se lleven a cabo, «sin duda» se considerarían una «perturbación grave» y, por tanto, podrían prohibirse bajo los cambios propuestos.
El controvertido cambio a la Ley de Orden Público es el último intento del gobierno de restringir el derecho a la protesta y la libertad de expresión, luego de dos nuevas leyes muy disputadas en dos años que han transformado el marco de la legislación de orden público.
Más de 45 organizaciones de la sociedad civil, incluidas Amnistía Internacional, The Women»s Institute y Liberty, reclamaron a los legisladores que voten en contra de las pretensiones del gobierno cuando sea debatido este martes.
Dave Timms, de Amigos de la Tierra, dijo: «El gobierno socava tanto el parlamento como los derechos civiles con esta nueva medida extrema… Esto pone a quienes quieren ejercer su derecho democrático a reunirse y ser escuchados en riesgo de arresto y enjuiciamiento por violar sus condiciones policiales, incluso aquellas que no conocen. Es otra amenaza para nuestra democracia»
