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La Intergremial Judicial pidió la nulidad de la audiencia del STJ ad hoc por salarios judiciales

La Intergremial Judicial solicitó la nulidad de todo lo actuado por los jueces que integran el STJ ad hoc en la causa que monitorea el cumplimiento de la sentencia por la intangibilidad de salarios de magistrados y funcionarios judiciales del Chaco. Denuncian que los miembros del tribunal son “juez y parte” en el asunto.

La Intergremial Judicial del Chaco presentó un incidente de nulidad contra las actuaciones del tribunal ad hoc en la causa “Alonso de Martina, Marta Inés y otros s/acción de amparo” (Expte. N° 59854/05), tras una audiencia celebrada el 11 de abril de 2025.

La entidad denuncia que el tribunal, integrado por dos fiscales de cámara y un juez civil y comercial, emitió sentencias complementarias sobre una cuestión ya firme (cosa juzgada), instruyendo a los poderes Ejecutivo y Legislativo para derogar leyes salariales vigentes que benefician a todo el Poder Judicial.

Entre otros puntos denunciados, los sindicatos advierten que existiría conflicto de intereses ya que los miembros del tribunal son potenciales beneficiarios de las sentencias, lo que configura –según la Intergremial– un caso de “juez y parte”.

Además, acusan al tribunal de exceder sus facultades al dictar fallos no previstos en los códigos civiles, buscando derogar la Ley 3424-A (y su modificatoria 468-A), que garantiza una distribución equitativa de salarios en el sector.

Por otro lado, insisten que un nuevo proyecto de ley impulsado por el tribunal solo incluiría a jueces y funcionarios, dejando fuera al resto de los empleados judiciales.

Las leyes vigentes fueron sancionadas por unanimidad en la Legislatura y reglamentadas mediante Decreto 569/23, con participación de todos los sectores del Poder Judicial en una Comisión Técnica.

La Intergremial destaca que los accionantes del amparo habían consentido este marco legal, pero ahora el tribunal ad hoc insiste en revisarlo.

A esto se suma una preocupación adicional: la presencia del Ministro de Hacienda y Finanzas en la audiencia, que pasó a un cuarto intermedio de 30 días para avanzar en el proyecto excluyente.

“No se puede permitir que un tribunal, integrado por quienes se benefician directamente, dicte sentencias para derogar derechos adquiridos por todos los trabajadores”, señaló la Intergremial en su presentación.

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