Gobierno nacional pone en marcha el plan para reemplazar al Potenciar Trabajo
El Gobierno difundió los lineamientos generales del "Volver al Trabajo", cuyo monto será de $78.000.
1. Servicios de orientación laboral y asistencia en la búsqueda de empleo.
2. Servicios de intermediación laboral.
3. Servicios de capacitación laboral y certificación de competencias laborales.
4. Prácticas formativas en ambientes de trabajo.
5. Acciones de promoción para la inserción en el trabajo asalariado registrado y en el trabajo independiente y
autogestionado.
6. Fortalecimiento de unidades productivas autogestionadas en forma individual, asociativa o familiar.
7. Terminalidad Educativa o programas con objeto análogo para el desarrollo de competencias básicas.
Sin intermediarios
Los beneficiarios de los nuevos programas «Volver al Trabajo» y «Programa de Acompañamiento Social» accederán a la ayuda de manera directa y sin la necesidad de realizar trámites adicionales. La segmentación en cada plan se realizará mediante una resolución que determinará la población objetivo de cada programa basándose en criterios de empleabilidad.
Para evitar la intermediación, Capital Humano tomó distintas medidas. Una es que “los beneficios económicos se asignarán y distribuirán directamente a los beneficiarios, sin pasar por intermediarios, lo cual asegura que los recursos lleguen efectivamente a sus destinatarios sin posibilidad de manejo discrecional”.
Asimismo, se dispuso la eliminación de planillas de asistencia. El Gobierno suprimió la obligatoriedad de la presencialidad para las Unidades de Gestión, disminuyendo así su influencia y la posibilidad de control sobre los beneficiarios.
Triste récord
“Lejos de constituirse como un instrumento de inclusión efectiva, el Plan Potenciar ha evidenciado serias falencias estructurales que han limitado su alcance y efectividad”, sostiene un estudio del ministerio de Capital Humano.
Agrega que “las Unidades de Gestión, encargadas de coordinar y administrar las prestaciones y proyectos del programa, se han transformado en lo que algunos denominan «gerentes de la pobreza», controlando a los beneficiarios a través de mecanismos de presentismo y gestión burocrática que, lejos de potenciar la autonomía y el crecimiento personal, han favorecido la intermediación y la perpetuación de la dependencia”.
La cartera sostiene que “esta intermediación no solo ha sido ineficaz para promover la integración socio-laboral de los beneficiarios en el mercado de trabajo formal, sino que también ha generado un circuito cerrado de gestión y control que ha beneficiado a las organizaciones sociales encargadas de la administración del programa, a quienes solo en 2023 se les transfirió la suma de u$s34 millones”.
Y considera que este flujo monetario “se ha desviado de su propósito inicial, cuestionando la transparencia y la eficiencia en la administración de los recursos destinados al Plan Potenciar”.
Según la información oficial, la estabilidad en el número de beneficiarios demuestra la incapacidad del programa para generar verdaderas oportunidades de desarrollo y salida hacia el empleo formal.
Se señala que las únicas bajas registradas responden a situaciones de incompatibilidad, fallecimiento, jubilación o superación de la edad límite, evidenciando una falta de progresión real y sostenida hacia la integración socio-económica de los participantes.
Las causas de baja más significativas “no se deben a una exitosa inserción laboral sino a procesos de fiscalización y control, que resultaron en la identificación de cerca de 50.000 casos de incompatibilidad, gracias a las denuncias de la justicia y al cruce de datos entre las bases del Potenciar, Synthesis y ANSES”.
El informe oficial da cuenta también que “entre los aspectos más llamativos y críticos de su implementación, resalta el manejo de la información y datos de los beneficiarios a través de un método sorprendentemente rudimentario y poco seguro: un archivo de Excel.
Este archivo, que contenía una asombrosa cantidad de 1.400.000 filas, se convirtió en el corazón operativo del programa, un «triste récord» que pone en evidencia la falta de sistemas adecuados de gestión de datos y transparencia”.
Presencialidad
Tras la asunción del nuevo Gobierno, se eliminó la obligatoriedad de la presencialidad para las Unidades de Gestión. “Este cambio, aparentemente menor, tuvo un impacto significativo en la dinámica de control que las organizaciones sociales ejercían sobre los beneficiarios. Al perder su capacidad para manejar y monitorear la asistencia de los participantes, estas organizaciones vieron disminuida su influencia, desmontando efectivamente su papel de «gerentes de la pobreza», sostiene el ministerio.
En la cartera que conduce Pettovello indican que “la reacción a este cambio fue la convocatoria a una marcha por parte de dichas organizaciones, en un intento por reafirmar su posición y control sobre el programa y sus beneficiarios. Sin embargo, lejos de mostrar fuerza o unidad, la convocatoria resultó ser un fracaso, evidenciando la disminución de su poder y legitimidad ante los cambios implementados”.
