La causa Federal sobre «Pensiones Truchas» ya tiene 13 imputados

La Fiscalía Federal de Sáenz Peña ha descubierto más de 800 casos de pensiones fraudulentas por discapacidad en la localidad de Taco Pozo, provincia del Chaco.

Esta investigación, liderada por el fiscal Carlos Amad, comenzó a raíz de una denuncia presentada el año pasado y ha revelado lo que podría ser una vasta red de asociación ilícita, fraude y perjuicio a la administración pública. Hasta ahora, nueve personas han sido imputadas.

Así las cosas, fuimos peinando las 740 carpetas, que son la mal otorgadas y hay de todo, hay certificados truchos de gente de 26 años que por una torcedura de tobillo, personas que tienen chagas o diabetes o alguna de esas enfermedades que no son ni discapacitantes ni incapacitantes”, expuso.

Sobre las 13 imputaciones, explicó la importancia de los cuadernos que se encontraron en en los allanamientos que “marcaban que a estas personas que no sólo que le daban el beneficio sino que a estas personas le tenían que pagar un retorno; en ese cuaderno aparecieron anotaciones de nombres de personas que también cobraba el beneficio”.

“Cerramos el círculo y procedía a imputar a todas las personas que participaron en el círculo de otorgar las pensiones por invalidez, entre los cuales se encuentra el señor intendente, su hija que era la delegada de ANSES, los empleados de la oficina de ANSES de ahí de Taco Pozo, médicos del hospital, algunos habían sido directores y otras personas que trabajaban en la administración pública municipal y provincial. También hay médicos de otras provincias intervinieron en la confección de los certificados médicos apócrifos”, amplió.

En la provincia, precisamente en Taco Pozo, la investigación de Amad descubrió una operación presuntamente ilegal en la que se reclutaba a personas, quienes, a cambio de una suma de dinero, obtenían beneficios de una Pensión No Contributiva (PNC). El Ministerio Público Fiscal señala que los beneficiarios estaban en una lista manejada por la Municipalidad de Taco Pozo y debían apoyar a la gestión del intendente Ibáñez, quien lleva más de 20 años en el poder. Este esquema también involucró a varios directores del Hospital Rural Santa Rosa de Lima, incluyendo al doctor Marcos Gustavo Rojas, quien fue Director del nosocomio hasta septiembre de 2019, y a Miguel Ángel Bilinski, su sucesor hasta febrero de 2023.

Ambos médicos para el fiscal jugaron un papel crucial en la emisión de los Certificados Médicos Oficiales (CMO), necesarios para el otorgamiento de las PNC. Rojas y Bilinski firmaron estos certificados que determinaban el diagnóstico y el porcentaje de discapacidad, requisitos esenciales para el otorgamiento de las pensiones por parte del ANSES y el ANDIS.

Las investigaciones revelaron inicialmente que 17 beneficiarios confirmaron haber pagado por consultas en consultorios privados vinculados al Dr. Rojas y su red de médicos asociados.

Un hallazgo particularmente alarmante ocurrió durante un allanamiento en la casa de María Estela Luna, quien se encargaba de las cobranzas y trabajaba para el Dr. Rojas. Se encontraron tablets, celulares, un pendrive y numerosas historias clínicas en su residencia. Además, se descubrió que Luna, quien es también beneficiaria de una PNC, había arrojado documentos y cuadernos relacionados con el caso.

«Luna reconoció haber arrojado dichos cuadernos y documentos minutos antes (de un allanamiento), por temor a la llegada del personal policial, lo que da a entender su reconocimiento del obrar ilícito en el que estaba involucrada , de lo contrario no hubiera procedido de tal forma», reconstruye el fiscal Amad en un requerimiento al que accedió Diario Chaco.

La causa tiene a 13

imputados  por defraudación contra la administración pública, todos ellos con domicilio en Taco Pozo: Marcos Gustavo Rojas, Miguel Ángel Bilinski, Rafael Lenin Azañero Anaya, María Estela Luna, Florencia Carolina Angélica Jaimes, Yanina Del Valle Maza, Marcela Patricia Peralta, Carlos Antonio Ibáñez y Eva Caro.

Cabe recordar que la investigación comenzó con la denuncia de irregularidades en la tramitación de Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad. Los informes de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y otros organismos públicos revelaron una red de corrupción que implicaba a médicos, bioquímicos, reclutadores, empleados municipales y administrativos, así como a funcionarios públicos.

De acuerdo a los datos recibidos por la fiscalía, entre 2022 y septiembre de 2023 se otorgaron 662 PNC en Taco Pozo, una cifra que, dada la población de 10.222 habitantes según el último censo, levantó sospechas de fraude.

Las indagatorias por parte de la Justicia comenzaron en agosto del año pasado, y tras las investigaciones, el fiscal Amad confirmó que se quitaron 740 pensiones que representaban alrededor de 1.000 millones de pesos al año.

«Esto me llamó mucho la atención porque eran muchas pensiones para un pueblo que tiene 9.000 habitantes; el 10% de su población era discapacitada. Yo pensé que el pueblo había entrado en guerra con otro pueblo y no nos enteramos por la cantidad de discapacitados«, había manifestado a este medio.

La causa liderara por el fiscal Amad está a la espera de informes para investigar a fondo casi 25.000 pensiones en las ciudades de Sáenz Peña, Charata, Pinedo, Villa Ángela, Machagai, Quitilipi, Tres Isletas, Villa Río Bermejito, La Tigra y Chorotis, entre otras.

gentileza diariochaco