Impulsan una acción colectiva contra el desmantelamiento de las áreas de Género

Ante la incertidumbre generada por el desmantelamiento de la Subsecretaría de Prevención de las Violencias y el despido del 85 por ciento de sus trabajadores, organizaciones de mujeres presentaron una acción judicial colectiva contra el Gobierno y en particular, contra el Ministerio de Justicia, para que informe cómo se cumplirán las obligaciones legales que tiene el Estado para prevenir la violencia contra las mujeres.

En el reino libertario, estas políticas quedaron a cargo del ministro Mariano Cúneo Libarona, defensor en su momento del exgobernador José Alperovich, flamante condenado por abuso y violación a 16 años de cárcel. El desguace del área tiene fuerte impacto en el funcionamiento de la Línea 144, de asistencia telefónica gratuita, creada hace una década y que recibe un promedio de 340 llamadas diarias.

El viernes fue despedido el 42 por ciento del plantel de operadoras. “Una de las guardias quedó solo con dos. Es imposible así dar abasto con toda la demanda que tenemos”, contó a Página 12 Fernanda Fuentealba, secretaria general ATE ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Las videollamadas para accesibilidad a personas sordomudas quedó directamente sin atención.

La presentación judicial es una acción declarativa de certeza y fue realizada por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Ni Una Menos (NUM), la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), Mujeres por Mujeres (MxM) y la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM). “Exigimos al Poder Ejecutivo Nacional certezas”, explicó a Página 12 la abogada tucumana Soledad Deza, presidenta de MxM. Demandan claridad sobre cuál será el organismo encargado de dar cumplimiento a las obligaciones legales en materia de violencias; cuáles son los programas de prevención, asistencia y acceso a la justicia que seguirán vigentes; y sobre todo cómo dará cumplimiento a las obligaciones asumidas por normativas y tratados internacionales a los que Argentina ha adherido.

En particular, preguntan cuál será el organismo encargado del cumplimiento de la Ley Nacional 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, dado que hasta la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género habría sido desmantelada, con la última ola de despidos anunciadas este fin de semana. La misma incertidumbre se plantea frente a la Ley Micaela y la de patrocinio jurídico gratuito para víctimas de violencia de género.

La demanda fue presentada el viernes y quedó radicada ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 1, a cargo del juez Enrique Alonso Regueira. Se espera que en los próximos días se expida sobre la procedencia de la acción y la admisibilidad de la medida cautelar. Es la primera vez que se presenta una acción colectiva de esta naturaleza en la era Milei.

El recurso se presentó en los términos del art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, para exhortar al Ministerio de Justicia y al Poder Ejecutivo Nacional a que aclaren “el estado de incertidumbre en el que se encuentran niñas, adolescentes y mujeres víctimas y potenciales víctimas de violencia de género, ante el supuesto cierre de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género y de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) que en los últimos 15 años han ayudado a miles de mujeres a encontrar respuestas frente a la violencia”.

Esta acción judicial “busca establecer la responsabilidad del Estado nacional frente a su obligación de garantizar condiciones para la protección de las niñas y mujeres”, destacó la abogada Natalia Gherardi, directora ejecutiva de ELA. “El desmantelamiento de estas políticas sólo puede resultar en un recrudecimiento de la violencia, el desamparo y la vulneración de los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres en situación de violencia”, advierten las ONGs en la presentación judicial.

Negación y femicidios

Aunque el presidente Javier Milei y su Gobierno niegan la violencia por razones de género, en el primer semestre de este años se contabilizaron 136 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, 3 lesbicidios, 1 trans-travesticidio y 11 femicidios vinculados de varones adultos y niños, según un nuevo informe del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” que dirige La Casa del Encuentro. Los datos más relevantes muestran que 151 hijas /hijos quedaron sin madre y que en 6 de cada 10 hechos, el agresor era pareja o expareja de la víctima. La mayoría fue asesinada en su hogar: 58 por ciento.

Este domingo, desde el Gobierno Nacional se informó la desvinculación de 685 empleadxs que trabajaban en lo que quedaba del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. A través de la red X, Cúneo Libarona escribió: “Hemos despedido al 85% de los empleados del ex Ministerio de la Mujer. Los restantes pasarán a cumplir funciones dentro de la órbita de la Dirección de Protección a la Familia y asistirán a TODOS (sic) los argentinos que atraviesen situación de violencia o riesgo”.

Es decir, esta gestión deja de lado los compromisos que el Estado argentino tiene frente a la problemática de la violencia por razones de género. Y en esa línea, desconoce y niega sus causas estructurales y que tienen que ver -lo dicen convenciones internacionales incorporadas a la Constitución Nacional y leyes aprobadas por el Congreso- con la desigualdad y la discriminación histórica que sufren las mujeres en la sociedad de parte de varones, que las consideran como parte de sus posesiones. En los casos más extremos el maltrato termina en femicidio.

Sin embargo, este lunes, el propio Cúneo Libarona, se contradijo. Después de negar que desde su cartera se ocuparían de la problemática con perspectiva de género -en línea con la mirada de Milei y su reino libertario-, llamativamente dijo en una entrevista con el diario Clarín que “el área de género tendrá prioridad absoluta”, que él se involucrará “personalmente” en el tema y que funcionará en la ex Esma con entre 70 y 100 personas. “Van a estar full time y exclusivamente para género”, reiteró.

Pero la incertidumbre sobre las políticas contra la violencia de género se refuerza dado que el último decreto publicado en el Boletín Oficial al respecto es el de transferencia de la Subsecretaría al Ministerio de Justicia.

Según un comunicado oficial del Ministerio de Justicia se habría procedido al cierre de la Subsecretaría. Pero hasta este lunes “se desconoce” si esa medida se efectivizó ya que no se publicó la decisión formalmente en el Boletín Oficial. Idéntica situación respecto a la posible renuncia de quien fuera su titular, Claudia Barcia, “ya que no hay un acto expreso de aceptación de renuncia como subsecretaria del área”, advierten las ONGs.

Un retroceso de 30 años

“Con la eliminación definitiva del organismo, las mujeres, adolescentes y niñas se enfrentarán a un retroceso de más de treinta años en la protección de sus derechos. Además, Argentina pasaría a ser el único país en Latinoamérica sin institución a cargo de las políticas de equidad de género”, advirtió a Página 12 Luci Cavallero del colectivo Ni Una Menos.

“El accionar del PEN y el Ministerio de Justicia no solo vulnera derechos individuales sino que además afecta gravemente la calidad democrática de nuestras instituciones, por cuanto estas medidas se han tomado desconociendo las obligaciones legales que rigen en la materia y los principios de transparencia y rendición de cuentas que deben guiar todo el accionar estatal”, agregan en la demanda.

“¿Quién atenderá la Línea 144? ¿Quién articulará la ayuda estatal de los programas como el Acompañar y tantos otros? ¿Quién capacitará en Ley Micaela? Cerraron 81 CAJ en paralelo. ¿Quién monitoreará a lxs operadores del acceso a justicia? ¿Cómo asegurarán la atención integral? ¿Quién registrará datos para producir indicadores? Además el ministro de Justicia tuiteó ayer que el 15% de agentes que no despidieron pasará a depender de Protección Familiar ¿Qué pasará con las violencias que no ocurren en el espacio doméstico? ¿Salen de agenda? Es un retroceso brutal y provocador”, señaló a Página 12 Soledad Deza de MxM.

La última ola de despidos en distintos organismos del Estado comenzó el viernes a las 18 cuando el Gobierno empezó a enviar correos electrónicos anunciando las desvinculaciones. Ese día, el Gobierno había desvinculado a unas 2.300 personas de distintos organismos y ministerios, cifra que podría duplicase en los próximos días.

En lo que quedaba del Ministerio de Mujeres, según informó Cúneo Libarona, los despidos llegaron a 685 empleadxs. Junto a Derechos Humanos son las áreas más afectadas.

Entre el personal echado hay profesionales muy formadas, con larga trayectoria, por ejemplo en la Línea 144. De las 124 operadoras que trabajaban en esa área clave, fueron despedidas 53, según informó a este diario la secretaria general ATE ex Ministerio de Mujeres Géneros y Diversidad. “¿Cómo vamos a continuar cumpliendo funciones desde la Línea 144? Lo estamos descubriendo en este mismo momento porque los despidos los informaron el viernes, ya finalizada la jornada laboral de todos los compañeros”, dijo a este diario el lunes por la tarde una de las operadoras. “Nunca fuimos suficientes y ahora mucho menos. El turno central, de lunes a viernes de 13 a 19, fue el más afectado, Tenía 23 profesionales que conformaban distintos equipos de atención directa y acompañamiento integral, y despidieron a 16. Quedaron muy poquitas”, detalló.

Entre las despedidas hay una trabajadora trans. “Armé todo el sistema de estadística y me echaron. Ya tengo 53 años, la subsistencia para nosotras las mujeres trans es muy complicado cuando terminamos en la calle”, contó Romina Guadagnini, ingeniera en telecomunicaciones y sistemas despedida de la Línea 144.

De acuerdo con un informe de ATE, el equipo interdisciplinario de la Dirección de Abordaje Integral de Casos de Femicidios, Travesticidios, Transfemicidios y Delitos contra la integridad sexual que asiste a víctimas y familiares de víctimas, y que gestiona la reparación económica para hijos e hijas de mujeres víctimas de femicidio, que se da en el marco de la Ley 27.452, quedó reducido a dos trabajadoras. El gremio se encuentra en estado de alerta y exige la continuidad de todas las políticas, la renovación de los contratos rescindidos y la reincorporación de todas y todos las/os trabajadoras y trabajadores despedidos.

Fuentealba detalló que existen actualmente más de 7000 víctimas de violencia de género a nivel nacional que ya fueron registrados como de “Altísimo Riesgo/Emergencia”, y se encuentran a la espera de recibir la asistencia que garantiza el Programa Acompañar, que consiste en una ayuda económica equivalente a una salario mínimo vital y móvil durante seis meses. “Los equipos interdisciplinarios de ese programa, que ya había sufrido despidos en diciembre y en marzo, se reducen aún más ahora, en un 50%. Tampoco podrán continuar recibiendo asistencia en el territorio, ya que los equipos del Programa Acercar Derechos que se insertaban en las provincias fueron completamente desmantelados en algunas provincias y en otras cuentan con solo una o dos trabajadoras”, dice el informe del sindicato de empleados del Estado.

También fue “desmantelado por completo” el equipo que garantiza las capacitaciones obligatorias en materia de género y violencia de género a funcionarios de los tres poderes del estado en el marco de la Ley Micaela N° 27.499.

Otras área desmantelada por completo, de acuerdo con el relevamiento gremial, es la Secretaría de Igualdad y Diversidad que abordaba temáticas de cuidados, ruralidad, participación política, paridad, discapacidad, trabajo, salud sexual y reproductiva. “El Programa de Fortalecimiento del Acceso a Derechos para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero quedó, a partir de los despidos, con una sola trabajadora y no casualmente al mismo tiempo se despidió a casi la totalidad de las/os trabajadoras/es cuyo contrato se enmarcaba en la Ley 27.636 de Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgéneros “Diana Sacayán-Lohana Berkins” establece un cupo mínimo de 1% de los cargos y puestos del Estado Nacional para esta población”, denunció Fuentealba.

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