Según el mensaje, la prensa fue convocada a partir de las 14 en el auditorio de la Casa por la Identidad del Espacio Memoria y Derechos Humanos, Ex Esma (Av. Del Libertador 8151, CABA).
La preocupación de Abuelas de Plaza de Mayo por el avance negacionista
Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas, hizo un llamado urgente esta semana a la comunidad internacional para observar la situación en Argentina y apoyar la defensa de los derechos democráticos y humanos que costaron décadas construir. En un contexto de retrocesos impulsados por el gobierno de Javier Milei, las Abuelas denunciaron mediante un informe el desmantelamiento de políticas clave en memoria, verdad y justicia, pilares fundamentales para abordar las heridas de la última dictadura militar (1976-1983).
Este organismo, fundado en 1977 por madres de desaparecidos, mantiene viva su lucha por restituir la identidad de niños apropiados durante el terrorismo de Estado. Estos menores, robados y entregados a familias relacionadas con los perpetradores, forman parte de una tragedia que aún persiste: más de 300 personas desconocen su verdadera identidad. Entre los logros alcanzados, las Abuelas han resuelto 137 casos (138 con el de hoy) en casi cinco décadas, una tarea que requiere del apoyo de instituciones que hoy se ven amenazadas por la gestión actual.
Claudia Poblete, miembro de la comisión directiva y una nieta restituida, advirtió sobre los efectos del desfinanciamiento estatal. Recuperó su identidad en el año 2000 tras ser secuestrada con su madre cuando era bebé. Sus palabras reflejan la urgencia de preservar los mecanismos institucionales: “Con todas las herramientas funcionando, logramos resolver 137 casos en 47 años. No podemos permitirnos perder ningún recurso en esta búsqueda compleja”.
El informe presentado por Abuelas, elaborado en colaboración con la Fundación Heinrich Böll, detalla medidas regresivas del gobierno de Milei, como el cierre de la Unidad Especial de Investigación de la CoNaDI, que había resuelto más de 2.400 casos judiciales. Además, se restringió el acceso a archivos de las fuerzas militares y policiales, y se desmantelaron equipos de investigación clave, como los que analizaban documentos de las Fuerzas Armadas y casos de violaciones a los derechos humanos.
