¿Privatización encubierta de ATP?: Zdero busca otorgar a una empresa el poder de desechar normas y reubicar trabajadores
El gobierno de Leandro Zdero avanza con una licitación que, según el propio pliego de condiciones, entrega a una empresa privada facultades extraordinarias sobre el corazón financiero del Estado chaqueño. El Concurso Público 01/2026 no solo implica una millonaria contratación, sino que habilita al adjudicatario a redefinir el funcionamiento de la Administración Tributaria Provincial (ATP) sin prácticamente restricciones.
Uno de los puntos más alarmantes del pliego establece que la consultora podrá “validar o desechar los documentos existentes como manuales, procedimientos escritos, instrucciones de trabajo, políticas, y cualquier otro documento, que detalle cómo deberían desarrollarse los circuitos, más allá de lo dispuesto normativamente”.
Esto implica que la empresa privada tendrá la potestad de ignorar o modificar reglamentos y procedimientos establecidos por la ley, un poder inédito que pone en jaque la soberanía fiscal provincial.
Además, el contrato exige una “reingeniería de procedimientos” que incluye el “cuestionamiento del procedimiento actual en su totalidad, sin restricciones” y la facultad de “revisión y rediseño radical” de los circuitos centrales. La firma ganadora podrá eliminar o combinar tareas, implementar inteligencia artificial, “cambiar la estructura de los equipos” y hasta proponer la “proyección modificatoria” de normas, es decir, sugerir cambios en las leyes tributarias. Este poder de reubicación y reestructuración del personal pone en riesgo inmediato los puestos de trabajo de los agentes de la ATP.
El peligro también alcanza a la información sensible. El pliego prevé integraciones con el Catastro y el Registro de la Propiedad, lo que otorgará a la empresa privada acceso directo a datos patrimoniales de todos los contribuyentes chaqueños.
A esto se suma que la licitación, de más de $30 mil millones, recibió ofertas de tres empresas, pero fuentes advierten que dos pertenecen al mismo dueño, y una de ellas ya cobró $1.800 millones por un diagnóstico previo, lo que profundiza las sospechas de que se trata de una privatización encubierta que entrega la recaudación y los datos fiscales a manos privadas.
