Persecución a magistrados: diputados oficialistas pretenden destituir a juez que ordenó multas millonarias al gobierno de Zdero

Como parte de una avanzada oficialista contra jueces provinciales que no fallan de acuerdo a los deseos del Poder Ejecutivo, un grupo de diputados provinciales que responden al gobernador, Leandro Zdero, denunció al titular del Juzgado Civil y Comercial 6 de Resistencia, Jorge Sinkovich, ante ante el Consejo de la Magistratura. Lo acusan de “mal desempeño, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”. Solicitaron la suspensión preventiva, la apertura de una investigación y su eventual destitución.

El eje de la denuncia, firmada por Zulema Wanesson, Maida With, Francisco Romero Castelán y Samuel Vargas, se centra en la emisión de resoluciones consideradas “arbitrarias y desmesuradas”, que impusieron multas conminatorias (astreintes) multimillonarias contra el Estado provincial.

“El magistrado fue parte de varios hechos de gravedad institucional en diversos juicios en trámite ante su tribunal, en los cuales ha adoptado medidas en violación al principio de razonabilidad, igualdad procesal -imparcialidad manifiesta- en perjuicio del erario del Estado Provincial, no cumpliendo con sus deberes por mal desempeño en su cargo, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos y/o cualquier otro hecho peculiar al cargo, calificado como delito por la legislación vigente”, acusaron los diputados.

El caso más grave, según los legisladores, corresponde al expediente “Defensoría General Adjunta s/ Amparo y Medida Cautelar” (Expte. N° 12601/24). Allí, el juez Sinkovich fijó astreintes de $85.900.000 contra la Provincia para cada día de incumplimiento de una medida cautelar vinculada a la asistencia de comunidades originarias. Los legisladores tildaron la decisión de Sinkovich de “desestabilizadora y ajena a las facultades judiciales”.

La denuncia advierte que el monto diario implicaría un gasto mensual de $2.577.000.000, lo que pondría en riesgo el cumplimiento del presupuesto provincial. El gobierno chaqueño había presentado informes detallados sobre el “abordaje integral” y las acciones implementadas, los cuales, según los legisladores, no fueron valorados por el magistrado. Posteriormente, la Cámara Civil y Comercial, Sala I, revocó la medida y dejó sin efecto las astreintes, coincidiendo con la arbitrariedad y el riesgo que generaba para las finanzas públicas.

Otros casos cuestionados

La denuncia también señala otros casos adicionales en los que el accionar del juez fue cuestionado por tribunales superiores, algunos de los cuales datan de hace casi una década. El primero involucra a Lotería Chaqueña (Expte. N° 1193/15-1-C). En dicho expediente, el juez impuso astreintes de $6.000.000 diarios, que luego aumentó a $12.000.000 diarios en un amparo contra una licitación pública. La Cámara de Apelaciones, Sala Cuarta, declaró nula la sentencia y dejó sin efecto las astreintes, destacando además un retardo de justicia de siete años, con demora en elevar el expediente a la instancia superior.

El otro caso es el de “Vilchez c/ Fiscalía de Estado” (Expte. N° 7475/23). En esa ocasión, el magistrado aplicó astreintes de $300.000 diarios aun después de que supuestamente la Fiscalía de Estado demostrara el cumplimiento de la manda judicial. Además, se registraron expresiones ofensivas e impropias hacia los abogados del Estado, según indicaron los denunciantes. El Superior Tribunal de Justicia, en la Sentencia N° 62/2024, destacó que dichos comentarios eran “inapropiados” y contrarios a la ética judicial.

Otro caso se refiere a un amparo colectivo para el saneamiento de la Laguna de Villa Odorico (Exptes N° 8863/18 y 8865/18) y la reubicación de cinco familias. En esa ocasión, los legisladores recordaron que el juez impuso astreintes que fueron elevadas a $150.000 diarios. La denuncia subraya que el Estado ya pagó $35.838.600, pero la totalidad de ese monto fue a parar al bolsillo del único actor de la causa, desvirtuando el carácter colectivo del amparo. Además, a pesar de que la Provincia solicitó citar a las familias ocupantes a mediación para lograr la reubicación (requisito para el cumplimiento), el juez omitió resolver esta solicitud, manteniendo la sanción en ascenso.

Finalmente, en el caso de una médica nefróloga (Grillo c/ Hospital Perrando, Expte. N° 11812/17), se dictó una medida cautelar ordenando el reintegro de la profesional. La denuncia indica que el Hospital acató y cumplió la orden de reincorporación, pero la propia médica nunca se presentó a trabajar y aun así solicitó astreintes por incumplimiento. A pesar de que la Provincia supuestamente presentó pruebas del cumplimiento, el juez impuso multas de $5.000 diarios, una suma considerada muy gravosa para la época.

Los diputados firmantes concluyen que la conducta de Sinkovich es “irresponsable, parcial y contraria a derecho”, constituyendo una violación clara de los deberes de un juez. “Los antecedentes que aquí hemos expuesto sobre la labor judicial del Juez Sinkovich generan la necesidad de suspender en primer término y de remover al magistrado de su cargo. Sólo así se podrá asegurar que el Poder Judicial, pilar fundamental del sistema democrático, se encuentre compuesto por personas que posean la idoneidad ética y moral”, acusaron.

Otro caso de persecución

La persecución a Sinkovich no es un caso aislado. La semana pasada, el vicepresidente de la Unión Cívica Radical del Chaco y vocal del Instituto de Vivienda provincial, Diego Gutiérrez, tildó de “jueza coquista” a Dolly Fernández, de la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, por ordenar la excarcelación de Carlos Mauricio Andión, extitular del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP) durante la gestión de Jorge Capitanich.

“¡Peligro! Delincuente suelto. La jueza coquista, Dolly Fernández, liberó al amigo de su esposo (Edi Núñez), dejó en libertad a Mauro Andión. ¡Cuidado! En cualquier momento, el clan Sena golpea a tu puerta y vuelve a matar”, se lee en la placa que difundió Gutiérrez a través de sus redes sociales el pasado 10 de octubre.

Acompañó la imagen con: “El Chaco de Capitanich al que no queremos volver”, frase que está en clara sintonía con los repetidos eslóganes de campaña de la boleta oficialista que encabeza el libertario, Juan Cruz Godoy.

Frente a este ataque por parte de la segunda autoridad más importante del partido gobernante, la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chaco (AMFJCH) salió a respaldar a Fernández.

“La AMFJCH repudia la difamación y expresiones agraviantes hacia la Jueza Dolly Roxana Fernández, de intachable trayectoria, contra una resolución judicial fundada jurídicamente, por medio del uso de medios periodísticos y/o redes sociales”, indicaron a través de un comunicado.

La entidad remarcó que, como colectivo, una vez más se expresan “en contra de este tipo de agresiones”. Insistieron en que las decisiones judiciales deben ser cuestionadas por las “formas legales pertinentes” instaron a “fortalecer el respeto de las Instituciones y la independencia del Poder Judicial”.

revista litigio