Nuevo round contra decretos de Javier Milei: qué dicen los cuatro que se tratarán en Diputados
La agenda de la sesión abarca proyectos relativos a la Policía Federal, a la identidad de género y al Instituto del Agua. Avanza también la modificación de la ley de DNU.
En contraposición, la Cámara Federal de Paraná falló a favor de una familia que le reclamaba una cirugía a una obra social estableciendo la inconstitucionalidad del decreto por considerarlo una extralimitación del Ejecutivo al no registrarse circunstancias extraordinarias que justificaran su intervención y la falta de solidez en la argumentación de su medida, «limitándose a realizar referencias al interés superior del niño y remitir a un informe técnico de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental que advierte sobre la falta de conocimiento cabal respecto de los efectos a largo plazo de las terapias de hormonización«.
La sesión del miércoles también involucrará al Instituto Nacional del Agua (INA), ya que se intentará rechazar el decreto 396/25 que le quitó autonomía al ente que desarrolla la estrategia hídrica del país. Además de desafectar a su director, trabajadores advierten que se cedieron 34 hectáreas del organismo al sector privado, bajo la misma modalidad con la que el Ejecutivo se desprendió de propiedades del INTA. El mismo decreto fusiona el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) -que hasta ese momento era descentralizado- con el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR).
El cuarto decreto que podría ser rechazado por Diputados es el 77/2025, que interviene dentro de las operaciones de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), la encargada del Registro de Armas. La decisión del Ejecutivo permitió al Ministerio de Seguridad absorber el organismo, suprimió el pago de la tasa anual de los usuarios legítimos y disolvió el Fondo de Promoción de las Políticas de Prevención de la Violencia Armada (FPVA), que se dedicaba a financiar programas de sensibilización orientas a reducir el uso de armas de fuego.
Reforma de la ley de DNU
La Cámara de Diputados avanza en lo que podría ser una de las modificaciones más significativas a nivel institucional desde la asunción de Javier Milei. Luego de una amplia aprobación en el Senado -56 votos a favor y 8 en contra el 4 de septiembre-, la sesión busca emplazar una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales para avanzar en el dictamen de la reforma a la ley 26.122, que reglamenta los decretos de necesidad y urgencia (DNU) que emite el Poder Ejecutivo. Una propuesta similar ya había sido dictaminada en noviembre de 2024 en la Cámara de Diputados, pero nunca consiguió quorum para tratarse.
De aprobarse, ambas cámaras del Congreso cuentan con un plazo de 90 días para ratificar los decretos y no para revocarlos, como es hasta ahora, para lo que además solo se requiere la mayoría en una de las cámaras. De esta forma, se promueve que el Poder Legislativo tome una postura activa al respecto de los decretos y no termine convalidándolos por omisión.
Además, buscan delimitar los criterios de necesidad y urgencia y circunscribir cada DNU a un área técnica en particular, evitando megadecretos como el 70/2023, que modificó en simultáneo el régimen de alquileres, las regalías de las tarjetas de crédito, la decisión de obras sociales, una reforma laboral, una alteración de las sociedades anónimas deportivas y la transformación de la ley de tierras.
