El Gobierno busca suspender 270.000 pensiones por discapacidad

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) avanza con una auditoría sobre 1.017.219 pensiones por invalidez laboral, el 85% del total. El objetivo, según el Gobierno, es verificar si los beneficiarios cumplen con los requisitos para acceder a la prestación. 

Desde el Ejecutivo aseguran que el operativo busca «ordenar el padrón» y «eliminar irregularidades», pero organizaciones sociales denuncian «retrocesos en el acceso a derechos» y «falencias en los procesos de control».

Desde que Javier Milei asumió la presidencia, la cifra total de beneficiarios de pensiones por invalidez laboral se redujo en un 2,8%. En paralelo, el poder de compra de las pensiones cayó un 12,9% por la falta de actualización frente a la inflación.

Según el informe que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presentó ante el Congreso, al mes de abril de 2025 se suspendieron efectivamente 2.004 pensiones, 239 personas renunciaron voluntariamente y se detectó que otras 146 habían fallecido.

Además, de los 22.339 pensionados citados, sólo 8.150 asistieron a las entrevistas. Entre ellos, 3.489 tuvieron evaluación desfavorable. Los 14.189 que no se presentaron fueron citados nuevamente para continuar el proceso en 2025.

El operativo comenzó en la Ciudad de Buenos Aires en agosto de 2024 y desde este año se extendió a todas las provincias. Se realiza a partir de un convenio firmado entre la ANDIS y el PAMI, con una duración prevista de 24 meses. Hasta el momento, se enviaron más de 550.000 notificaciones, pero en numerosos casos no se logró establecer contacto con los beneficiarios.

Las críticas no tardaron en llegar. Un grupo de organizaciones de la sociedad civil denunció ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU «retrocesos en las condiciones de acceso a las pensiones no contributivas» y advirtió por «falencias en los procesos de auditoría impulsados por el Estado nacional».

Por otro lado, el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad —financiado por el Fondo Solidario de Redistribución (FSR) y fondos del Tesoro nacional— atraviesa un momento crítico. Los prestadores, que brindan servicios como educación, rehabilitación, formación laboral, transporte y atención médica, sostienen que los aranceles están desfasados en más del 70%.

«Es inviable sostener los servicios destinados a las personas con discapacidad con un desfasaje superior al 70% en los aranceles del Sistema Único de Prestaciones Básicas. Es responsabilidad indelegable del Estado nacional establecer aranceles acordes a las exigencias normativas, a los incrementos salariales y al aumento del costo de vida», advirtió en un comunicado el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El Nomenclador de Prestaciones Básicas —que fija el valor de los servicios y se actualiza mediante resoluciones conjuntas entre el Ministerio de Salud y la ANDIS— no se ajusta, según las entidades, al ritmo de la inflación ni al costo real de los servicios. Además, acusan que el atraso tarifario se arrastra desde el gobierno anterior y que se agravó durante la actual gestión.

Todas las personas que cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) tienen derecho a acceder a estas prestaciones. Las obras sociales deben cubrirlas para sus afiliados y, en el caso de quienes no tienen cobertura, es el Estado quien debe garantizar el acceso.

En medio del ajuste económico y la revisión de gastos, crece la tensión entre el discurso oficial de «eficiencia en la gestión» y el reclamo de las organizaciones que exigen políticas públicas inclusivas, sostenibles y respetuosas de los derechos adquiridos por las personas con discapacidad.