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En el Palacio de Hacienda tienen claro que la inflación responde fundamentalmente al déficit que el Estado nacional no consigue financiar y a la escasez de reservas que genera tensión en el mercado cambiario. En consecuencia, se atacan esas causas. No obstante, en el actual contexto también identifican un elevado componente inercial. Esto determina que cualquier accidente nominal se transforma en un nuevo piso para el índice de precios.
En las negociaciones que el secretario de Comercio, Matías Tombolini, sostiene con las grandes firmas ya se habla de un sendero de precios para los productos que no ingresen al plan oficial. Buscan así evitar un efecto de rentabilidad cruzada que termine licuando los beneficios de la iniciativa. El tope que se busca instalar para los incrementos es del 4%, en línea con la meta del 60% de inflación que Massa planteó en el presupuesto 2023.
Las reuniones uno a uno con empresas se aceleraron en las últimas semanas. Son encuentros duros en dónde Massa y Tombolini apuntan cada detalle: cómo se movieron los precios, qué beneficio recibe cada firma y la cantidad de dólares oficiales a los que tuvieron acceso. Justamente este último punto es clave en el «toma y daca». El Gobierno garantizará «canal verde» para importar a quienes formen parte del plan. A las empresas, en tiempos de escasez, les interesa.
Más actores
Para consolidar el acuerdo buscan sumar actores. En los últimos días, el secretario de Comercio Matías Tombolini dialogó en distintas reuniones con casi todas los grandes supermercados. Al margen de aportar exhibición, las grandes cadenas analizan sumar a “Precios Justos” los productos de marcas propias.
Desde uno de los supermercados con mayor presencia, resaltaron a este medio que «la marca propia es un producto que además de aportar variedad sirve como referencia en la góndola». Aunque señalaron que «muchas veces la producción de esos artículos depende de los grandes fabricantes».
El problema del trigo
En la Secretaría de Comercio siguen de cerca la evolución de las inclemencias climáticas y muy puntualmente del impacto que la sequía puede provocar en los derivados del trigo. Si bien continúa vigente el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), la bolsa de harina que utilizan las panaderías ya ronda los $2.000 con subsidio y escala a entre $3.000 y $3.500 sin el apoyo estatal.
Desde el sector anticiparon que la nueva escalada de los costos llevará el kilo de pan de $360 a $430. En el Gobierno creen que el problema puede incluso agravarse en las próximas semanas y analizan distintas alternativas para paliar el impacto de la menor oferta de trigo. En los próximos días habrá nuevas convocatorias al sector molinero para buscar soluciones.