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Familiares de alumnas reclaman asistencia de educadores en señas en la EE Nº 6
Las familias denuncian grave situación que afecta a estudiantes de nivel secundario y reclaman una urgente intervención de la Escuela Especial N° 6 y de la Regional Educativa IV - A. Una de las alumnas habría dejado de ser considerada estudiante de la institución especial y ambas quedaron sin el acompañamiento pedagógico que necesitan para acceder a los contenidos educativos.
La situación se habría originado por dificultades para incorporar a las estudiantes al sistema SIE de gestión educativa, debido a una cuestión vinculada con la edad. Según el planteo realizado por las familias, esta situación derivó en la suspensión de apoyos que hasta el momento recibían estudiantes con discapacidad auditiva.
Uno de los casos corresponde a una joven que cursa el tercer año del nivel secundario en una modalidad acelerada, mientras que la otra estudiante tiene 30 años y se encuentra cursando el primer año, transitando actualmente el segundo cuatrimestre.
De acuerdo con lo denunciado, una de las estudiantes recibió un acta en la que se dejó asentado que “deja de ser alumna del establecimiento”, situación que la familia interpreta como una expulsión de la Escuela Especial N° 6. Además, se habría dispuesto el cese del acompañamiento de un intérprete pedagógico en lengua de señas dentro del aula.
Las familias se presentaron el lunes ante la Regional Educativa 4A, donde fueron recibidas por autoridades. Según manifestaron, se les indicó verbalmente que la estudiante podía continuar asistiendo a la Escuela N° 174, pero sin el intérprete pedagógico. Esto generó preocupación, ya que la alumna tiene discapacidad auditiva y requiere de ese recurso para acceder en igualdad de condiciones a los contenidos impartidos por los docentes.
“¿Cómo pretende una institución que un estudiante acceda a la educación si se le quita el intérprete?”, cuestionaron las familias, al considerar que la medida podría constituir una situación de discriminación y vulnerar el derecho a una educación inclusiva.
El reclamo también se vincula con el apoyo denominado “contraturno”, que consiste en horas semanales de acompañamiento en la Escuela Especial N° 6 para estudiantes con discapacidad. Allí reciben asistencia de intérpretes y docentes que colaboran con la comprensión de contenidos, trabajos prácticos y distintas materias.
Según lo expresado en el reclamo, ese acompañamiento también habría sido reducido de cuatro a dos horas semanales para los estudiantes, situación que las familias consideran que podría resolverse mediante la creación y cobertura de nuevos cargos.
El planteo sostiene además que existiría una interpretación errónea de la normativa respecto de los límites de edad. Según explicaron, la legislación contempla determinados límites para las propuestas de formación laboral dentro de la educación especial, pero los niveles obligatorios —primaria y secundaria— no deberían quedar condicionados por la edad cuando el objetivo es garantizar la finalización de esos estudios.
La preocupación aumenta porque las dos estudiantes actualmente no estarían asistiendo a clases. Mientras tanto, continúan corriendo las inasistencias y se aproxima el cierre del ciclo lectivo, lo que podría generar nuevas dificultades académicas y un mayor retraso en sus trayectorias educativas.
La familia recordó además un antecedente judicial de 2023, cuando se presentó una acción de amparo ante el Juzgado Civil y Comercial N° 1 de Sáenz Peña, a cargo de la doctora Mónica Marisel Filipchuk. Según señalaron, aquella resolución obligó al Ministerio de Educación a crear cargos para garantizar el acompañamiento de intérpretes pedagógicos en lengua de señas para estudiantes sordos e hipoacúsicos. La medida habría sido posteriormente confirmada por la Cámara de Apelaciones y respaldada por la Asesoría de Niñas, Niños y Adolescentes.
Las familias remarcan que los cargos de intérpretes pedagógicos son solicitados por las escuelas especiales a las respectivas regionales educativas, que luego elevan el pedido al Ministerio de Educación provincial.
Mientras esperan una respuesta administrativa, anticiparon que, si no existe una solución con mayor celeridad, recurrirán nuevamente a la Justicia.
El reclamo pone nuevamente en debate la necesidad de garantizar una educación verdaderamente inclusiva y accesible, evitando que cuestiones administrativas o de edad terminen convirtiéndose en obstáculos para que estudiantes con discapacidad puedan permanecer en las aulas y completar sus estudios.
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